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NOTICIA

El Parlamento aprueba la modificación de la ley de Atención Farmacéutica de Navarra (Fuente: Diario de Navarra) (14/Noviembre/2008)
El pleno del Parlamento de Navarra aprobó el 13 de noviembre con el voto favorable de todos los grupos excepto, NaBai, que votó en contra, el proyecto de Ley Foral por la que se modifica la ley de Atención Farmacéutica de Navarra. Un texto que incluye una modificación relacionada con el número máximo de oficinas de farmacia abiertas al público en cada una de las localidades de Navarra con una población inferior a 2.000 habitantes, que será de una por cada 700 habitantes. Una vez superada la cifra de 700 habitantes podrá autorizarse una segunda oficina de farmacia cuando la población sea superior a los 1.400.

La ley foral del año 2000 realiza una regulación global de todos los ámbitos donde se presta la atención farmacéutica y, por tanto, contempla todos aquellos centros donde se presta atención farmacéutica. Establece asimismo el número de oficinas de farmacia que precisa cada zona básica de salud y cada localidad, con el fin de conseguir un acceso equitativo a la atención farmacéutica de toda la población de Navarra, de manera que si no están cubiertos los mínimos fijados no podrán instalarse nuevas oficinas de farmacia.

Con la ley se optó por un modelo de flexibilización planificada que ha permitido la instalación de nuevas oficinas de farmacia, ya que sólo restringía la apertura a una distancia mínima entre ellas de 150 metros y a un número máximo de oficinas de farmacia no superior a una por cada 700 habitantes.

La segunda modificación de la ley elimina la contratación a terceros de los servicios farmacéuticos de los centros sociosanitarios que dispongan de cien o más plazas de asistidos, en cuyo caso la prestación podrá realizarse en base a servicios de farmacia exclusivos de cada centro, o mancomunadamente.

Con este cambio se pretende evitar la existencia de intermediarios y, de paso, ajustar este enunciado a los dictados del artículo 5.2, que prohíbe la intermediación con ánimo de lucro (terceras personas, entidades o empresas) en la dispensación de medicamentos por parte de los establecimientos autorizados.

La tercera modificación atañe a la tipificación como "infracción grave" del incumplimiento de las obligaciones derivadas de las guardias. La Ley Foral en vigor no contempla expresamente esta infracción, por lo que se propone incluirla en el artículo 47, que tipifica como infracción grave "el abandono de las funciones de atención farmacéutica continuada".

La cuarta y última modificación se ciñe a la adecuación de las sanciones, hasta ahora sujetas a lo establecido en la Ley del Medicamento promulgada por el Estado, a parámetros más acordes a la función de las oficinas de farmacia. La modificación mantiene las sanciones en cuantías similares a las que se establecieron inicialmente, desmarcándose así de lo estipulado por la Ley de Medicamento, que con su modificación, posterior a la promulgación de la Ley Foral de Atención Farmacéutica (16/11/2000), ha multiplicado por 10 el valor de las sanciones.

Así, con la modificación del artículo 48 se establecen nuevas cuantías para cada grado (mínimo, medio y máximo) previsto para las infracciones leves (entre 600 y 3.000 euros), graves (entre 3.001 y 15.000) y muy graves (desde 15.001 a 600.000).

Por UPN, Javier Marcotegui defendió la modificación, que busca la "equidad". El parlamentario de CDN José Andrés Burguete dijo que la ley viene a cubrir algunas "disfunciones" y "resuelve algunos efectos no deseados". "La ley no era perfecta", opinó.

María Chivite, de PSN, señaló que con "la aplicación de la ley se ha dado un efecto no deseado" y apuntó que esta modificación era demandada por el colectivo de profesionales y "viene a corregir este defecto".

Desde IUN, Ana Figueras señaló que esta modificación llega por las "presiones" del Colegio y los profesionales. "Hubo una explosión importante de farmacias, que el propio mercado ha ido regulando", señaló, para añadir que se trata de una propuesta "razonable".

Asun Fernández de Garaialde, de Nafarroa Bai, señaló que el farmacéutico es "un servicio privado para el ejercicio de la atención pública" y abogó por buscar un "equilibrio". Manifestó no estar de acuerdo con la liberalización total del sector porque se correría el riesgo de convertirse en comerciantes. A su juicio, con esta modificación se podía haber buscado "una mejora en términos de salud y no sólo en términos económicos".

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